PROVEA

Los estudiantes Yosinio Carrillo Torres, de 16 años y Marcos Rosales, de 28 años, murieron tras recibir impactos de bala efectuados por presuntos civiles armados. Estos jóvenes participaban en acciones de calle a favor y en contra de la suspensión de las transmisiones, por disposición gubernamental, del canal de televisión con señal por cable Radio Caracas Televisión (RCTV).
Destacamos la responsabilidad que tiene el Estado de establecer y garantizar mecanismos de seguridad ciudadana efectivos para resguardar la integridad física de manifestantes y terceros en el contexto de manifestaciones. En tal sentido debe implementar todos los mecanismos a su alcance para garantizar que las manifestaciones se realicen sin riesgo de que quienes participen sufran algún tipo de agresión perpetrada por agentes del Estado o por particulares. Igualmente debe adoptar medidas adecuadas para impedir la actuación de grupos organizados o no que recurren a la violencia como método para dirimir divergencias políticas y adelantar las investigaciones correspondientes que conlleven a establecer responsabilidades.
Denunciamos que en menos de ocho meses tres personas han muerto en el contexto de manifestaciones, por la acción de civiles armados.


Rechazamos el uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas por parte de la fuerza pública en el control de manifestaciones pacíficas y exigimos el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en la actuación de los cuerpos armados del Estado. En este contexto general
1.- Que el Ministerio Público adelante una investigación imparcial y establezca responsabilidades en el asesinato de los manifestantes Yosinio Carrillo Torres y Marcos Rosales.
2.- Que todas las autoridades nacionales, estadales y municipales garanticen el libre ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente.
3.- Que el Ejecutivo Nacional instruya a todos los funcionarios policiales para que se cumpla el mandato del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que “prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones”.
4.- Que se adopten medidas oportunas y adecuadas para impedir la acción de grupos civiles armados, se adelanten las investigaciones correspondientes de los hechos delictivos que cometan y se establezcan las sanciones respectivas
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