UNIVERSITARIOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN

FORO INTERUNIVERSITARIO

UNIVERSITARIOS POR LA DESCENTRALIZACION

La reforma por la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público para revertir el proceso de descentralización iniciado en 1989, representa una de las violaciones más escandalosas del ordenamiento constitucional desde que en 1957 el gobierno de Pérez Jiménez decidió montar la farsa del Plebiscito.

No hay ninguna Constitución del mundo que contenga tantas declaraciones a favor del federalismo y la descentralización, pero en ninguna parte hay tanta distancia entre la norma y la realidad. La atribución a los Estados de la competencia exclusiva sobre la administración y aprovechamiento de los puertos y aeropuertos, lógica en un “Estado federal descentralizado”, impide que por ley el régimen pueda retomar esos ámbitos competenciales. Para hacerlo era necesario modificar la Constitución, y por ello el gobierno planteó al país un sistema centralista, que fue derrotado por el pueblo en el referendo del 2-D.

La toma de los puertos y aeropuertos por la fuerza en los Estados con Gobernadores que disienten del centralismo y del personalismo que busca imponer el gobierno nacional, con fundamento en una ley inconstitucional, plantea sólo problemas de orden jurídico. Es obvio, y ya se está viendo en casos como el de la salud, que la centralización de los servicios públicos en manos del Poder Nacional genera ineficiencia en la prestación y crea las condiciones para la corrupción administrativa, toda vez que se impide que las decisiones se tomen al nivel en que surgen los problemas, se descarta la participación de los ciudadanos, se sofoca el desarrollo de la sociedad civil, se lesiona la democracia y se enervan los mecanismos de control social.

Sabemos de antemano que las instancias nacionales no tomarán en cuenta ninguna petición de restablecer la vigencia de la Constitución, pero nuestra responsabilidad como universitarios nos impone denunciar ante la opinión pública, ante la juventud que hoy se dispone a asumir el relevo generacional y ante el concierto de las Naciones del mundo, que en Venezuela está siendo vulnerado el Estado de Derecho, lo cual no cuenta con la anuencia del sector mayoritario de los universitarios del país.

TalCual
Viernes 03 de Abril de 2009
Por: Miguel Ángel Latouche (*)


DESCENTRALIZACIÓN Y DEMOCRACIA

Permítanme ser taxativo. La democracia es, entre otras cosas, el respeto a la voluntad popular. No sólo en lo que tiene que ver con la obligación de que los resultados electorales que se hacen públicos, en efecto, reflejen de manera incuestionablemente precisa la voluntad de los electores; sino además en el establecimiento de garantías para que quienes resultan electos puedan ejercer las funciones asociadas a sus cargos. Estas garantías deben ser establecidas en el contexto del Marco Constitucional y legal correspondiente, pero adicionalmente deben establecerse en el respeto, el reconocimiento y la colaboración que, uno entiende, debe existir entre los diversos niveles en los que se divide el poder público en un sistema que ha definido normativamente su carácter federal. En este sentido, la democracia requiere de la regla de la mayoría como un mecanismo que permite determinar la distribución de los cargos de gobierno, requiere además de la existencia de mecanismos que garanticen un ejercicio suficientemente amplio de la Libertad Individual.

Por esta razón el funcionamiento adecuado de la democracia requiere el respeto de los derechos de la minoría, la salvaguarda del derecho que tienen los ciudadanos para organizarse políticamente, para disentir del gobierno, para expresar el contenido de sus pensamientos; sin que el ejercicio de los derechos políticos traiga como consecuencia restricciones excesivas sobre la Libertad Individual. El tema viene a cuento porque en los últimos días hemos sido testigos de hechos que en gran medida ponen en cuestionamiento la funcionalidad de la organización descentralizada del Estado Nacional Venezolano. Uno tendría que pedir que se sinceraran las cosas: Si se va a desconocer la voluntad popular y se van a establecer restricciones a la "capacidad de gobernar" de los gobernadores y alcaldes no afectos al Ejecutivo Nacional, entonces simplemente reconozcamos que no se reconoce la voluntad mayoritaria de quienes votaron por ellos y actuemos en consecuencia definiendo la identidad de quienes ejercen cargos públicos en función de las preferencias que a tales efectos tuviesen los miembros de la nomenclatura en el poder.

Hacerlo de otro modo: convocar a elecciones para luego no intentar, al menos, un acercamiento con quienes han manifestado la voluntad de conversar y de llegar a algunos consensos mínimos que permitan la gobernabilidad democrática es, como mínimo, un sinsentido y representa una tremenda dificultad para la construcción de una democracia viable. En mi opinión un logro fundamental de la democracia venezolana, es el que está representado en la elección directa de los gobiernos regionales y locales. Este proceso acercó el gobierno a los ciudadanos, les proporcionó un rostro familiar a los cargos burocráticos, hizo más accesible el poder a la gente, redefinió la relación entre los gobernantes y los gobernados. La defensa por la descentralización no es equivalente a la defensa de quienes ejercen los cargos públicos, se trata de una defensa por la democracia y por el ejercicio amplio y libre de la ciudadanía.

(*) Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Director de la Escuela de Comunicación Social, Facultad de Humanidades y Educación